#San Luís
Hoy 5 de abril se cumple un año desde que Florencia Magalí Morales fue encontrada ahorcada en una celda de la Comisaría 25, donde permancía demorada por las fuerzas policiales de Santa Rosa del Conlara, San Luis, por “violar la cuarentena y resistirse a la autoridad”.
La última autopsia confirmó que Florencia Magalí murió por asfixia pero no determina si se ahorcó o si fue asfixiada, dado el mal estado de conservación de las muestras y el tiempo transcurrido desde la muerte a la efectivización de los peritajes. La causa, a cargo del juez Jorge Pinto y el fiscal Carlos Leloutre, ha tenido escasos avances, ya que aún hoy no hay imputados y muestra falencias en la recolección de pruebas.
Aún con pruebas pendientes como la reconstrucción del hecho y pericias de ADN , la defensa ha pedido el archivo de la causa. Por esto desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) exigieron "que se investigue a los policías implicados: comisario a cargo Heraldo Clavero, agente Yohana Torres, oficial principal Daniel Mansilla y oficial principal Ontiveros, quienes continúan en libertad"; que "se realicen los peritajes correspondientes y se profundice en la línea investigativa hasta encontrar las respuestas", y sostuvieron que "el Estado es responsable de todos estos tipos de violencia a manos de las fuerzas represivas".
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación decidió presentarse como querellante de la causa apoyándose en un “posible caso de violencia institucional”. Si bien esta posición colabora con poner de manifiesto la existencia de esta violencia, se limita sólo a señalar la responsabilidad provincial y no se plantea el problema institucional de fondo: el papel de las fuerzas represivas en el control y disciplinamiento social.
Además, desde la Coordinadora denuncian que este "no es un caso aislado y que tanto el gobernador Rodriguez Saa como el presidente Alberto Fernandez deben asumir la responsabilidad política sobre estos hechos".
Fuente: CORREPI