Después de más de 20 años de juicio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el reclamo que le inició al Estado Argentino en 1998 por el reconocimiento de su territorio ancestral y el respeto por su identidad cultural.
Por primera vez esta Corte reconoce la violación por parte de un Estado de los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua, y dispuso en el fallo que el Estado Argentino otorgue un título único a la propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales.
En su fallo dice que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta y a un título único para las miles de hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, y establece plazos para su cumplimiento.
Además la Corte IDH destaca que los cambios en la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural están relacionados con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia incidió en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en el acceso al agua. Por esta razón, por primera, vez fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. Para esto dispuso remover de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos; y exigió al Estado que en seis meses presente un estudio que identifique las situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación y que formule un plan de acción en el que determine las acciones que realizará y el tiempo en el que serán ejecutadas.
Además la Corte IDH destaca que los cambios en la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural están relacionados con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia incidió en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en el acceso al agua. Por esta razón, por primera, vez fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. Para esto dispuso remover de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos; y exigió al Estado que en seis meses presente un estudio que identifique las situaciones críticas de falta de acceso a agua potable o alimentación y que formule un plan de acción en el que determine las acciones que realizará y el tiempo en el que serán ejecutadas.