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La Coordinadora Contra la represión policial e institucional (CORREPI) publicó hoy el reporte nº 26 de aplicación del DNU 297/2020. En el informe se detallan casos de violencia vividas por las y los ciudadanos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, y el accionar sistemático de las fuerzas represivas en las calles y dentro del sistema penitenciario.
"La Unidad Penal 1 de Corrientes tiene una altísima sobrepoblación (40%), ya que amontona 670 presos en pabellones con 440 plazas. Desde el inicio de la pandemia, los presos vienen pidiendo medidas elementales y básicas para protegerse, sin recibir respuesta alguna de las autoridades, salvo la represión. La situación se agravó la semana pasada, con la confirmación de al menos un caso positivo para Covid-19 en un empleado del servicio penitenciario, y decenas de otros agentes sospechados del contagio. Como venían planteando los presos, acompañados por organismos y organizaciones populares, ante la suspensión de las visitas, que ya lleva un mes, los penitenciarios serían responsables del ingreso del virus, si seguían sin cumplirse las medidas de higiene y desinfección desoídas" explica el informe.
Además, "desde el 6 de marzo se apilan en el Juzgado de Ejecución los pedidos de libertades asistidas y de arrestos domiciliarios, según cada situación procesal. Tras un mes y medio sin respuestas, como relatábamos ayer, 400 presos iniciaron una huelga de hambre. La mañana del martes 21 de abril, funcionarios del Ministerio de Seguridad informaron a los delegados de los pabellones que el Superior Tribunal de Justicia, a partir de un planteo formal del Comité contra la Tortura, ordenó la habilitación de la feria judicial para que el Juzgado de Ejecución trate esos pedidos.
"Mientras no se tomen medidas concretas y perfectamente viables para descomprimir la superpoblación carcelaria, mejorar cualitativamente la provisión de alimentos e insumos de higiene y limpieza y garantizar que los empelados de los servicios penitenciarios respeten los protocolos de distancia segura y desinfección, la salud y vida de las personas privadas de su libertad seguirá en alto riesgo, y se multiplicarán los justos reclamos"
La nota completa CORREPI