#Bolivia
El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en Bolivia, que logró articular a la oligarquía nacional racista con las Fuerzas Armadas, la policía y los grupos paramilitares para obligar a renunciar al presidente Evo Morales. El objetivo era volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio, y borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que por primera vez, desde la conquista genocida de América, llegaba al poder. El 12 de noviembre Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, dio vía libre a la represión, se produjo la masacre de Sacaba y Senkata.
El golpe dejó un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue aún hoy una cacería de dirigentes, exfuncionarios y periodistas. Desde el golpe se aplican políticas neoliberales y el país quedó sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria.
El golpe dejó un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue aún hoy una cacería de dirigentes, exfuncionarios y periodistas. Desde el golpe se aplican políticas neoliberales y el país quedó sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria.
El pueblo clama elecciones para obtener un gobierno y legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Mientras, Áñez utiliza la pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder, y pretende prescindir de las elecciones –fijadas originalmente para el 3 de mayo- con el fin de consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
Durante el gobierno de Evo Morales Bolivia pasó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica a ocupar el primer puesto de crecimiento económico de la región, y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%. Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril.
Durante el gobierno de Evo Morales Bolivia pasó de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica a ocupar el primer puesto de crecimiento económico de la región, y fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%. Pos golpe de estado, Bolivia se convirtió en un país donde la gente se suicida por hambre. Tres casos de suicidio por ahorcamiento se conocieron en abril.
Además se desconoce el destino
de los créditos del Fondo Monetario Internacional y las donaciones
millonarias de diversos países y organismos para enfrentar la emergencia sanitaria.
Las compras de insumos que anunciara el gobierno nunca llegan y se
niegan a publicar las facturas, generando sospechas sobre negociados.
El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha para los comicios, a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el país
El pueblo clama elecciones generales para sobrevivir
El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales por la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo para exigir que se fije una fecha para los comicios, a fin de elegir un gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el país
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Los golpistas amenazaron con cerrar la Asamblea Legislativa para evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales, que dio un plazo de 90 días para que el Tribunal Electoral fije una fecha. Áñez rechazó la ley y anunció recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno transitorio” de Áñez y se autoprorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y se utilizó la pandemia como excusa para volver a autoprorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar su proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
Persecución, encarcelamientos y censura
Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los derechos y las garantías constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México en La Paz son rehenes de la dictadura.
El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Arturo Murillo, ministro de Gobierno del régimen de facto, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcelamientos de hasta 10 años a quienes “desinformen”.
Los golpistas amenazaron con cerrar la Asamblea Legislativa para evitar las elecciones generales. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales, que dio un plazo de 90 días para que el Tribunal Electoral fije una fecha. Áñez rechazó la ley y anunció recurrir a la “justica” que maneja. El 22 de enero finalizó el mandato del “gobierno transitorio” de Áñez y se autoprorrogaron el mandato hasta el 3 de mayo. Por segunda vez, se venció el plazo y se utilizó la pandemia como excusa para volver a autoprorrogarse el mandato de forma indefinida para consolidar su proyecto político neoliberal y un estado terrorista militar y policial.
Persecución, encarcelamientos y censura
Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los derechos y las garantías constitucionales. Los asilados que están en la embajada de México en La Paz son rehenes de la dictadura.
El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Arturo Murillo, ministro de Gobierno del régimen de facto, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcelamientos de hasta 10 años a quienes “desinformen”.
Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe la responsabilidad de todo lo negativo que acontece a Evo Morales, mediante el discurso de la “herencia recibida”
