#Bolivia
Se multiplican los cortes y bloqueos de rutas en todo el país por la huelga general impulsada por las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, exigiendo fuertemente que se realicen las elecciones el próximo 6 de septiembre como estaba previsto, y que se termine la dictadura de Añez y sus cómplices.
Son miles los y las bolivianos quienes se manifiestan en
puntos estratégicos del país y en cada pueblo y carretera importante. El pueblo reclama elecciones para obtener un gobierno legítimo que pueda enfrentar la pandemia y la crisis económica. Mientras,
Áñez utiliza la pandemia para mantenerse indefinidamente en el poder para consolidar un proyecto político neoliberal y un
estado terrorista militar y policial.
Las elecciones generales originalmente previstas para el 3
de mayo, se postergaron con la excusa de la emergencia sanitaria. El 29 de abril se llevó a cabo un cacerolazo y un petardazo masivo
para exigir que se fije una fecha para los comicios, a fin de elegir un
gobierno legítimo para enfrentar la crisis económica y sanitaria en el
país. El 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las
Elecciones Generales, que dio un plazo de 90 días para que el Tribunal
Electoral fije una fecha. Áñez
rechazó la ley.
El 10 de noviembre del 2019 se concretó un golpe de estado violento en Bolivia,
que logró articular a la oligarquía nacional racista con las Fuerzas
Armadas, la policía y los grupos paramilitares para obligar a renunciar
al presidente Evo Morales. El objetivo era volver a controlar los recursos naturales, principalmente el litio, y
borrar el ejemplo de un gobierno de rostro indígena que por primera
vez, desde la conquista genocida de América, llegaba al poder. El 12 de
noviembre Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta, dio vía libre a la represión, se produjo la masacre de Sacaba y Senkata.
El golpe dejó un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue aún hoy una cacería de dirigentes, exfuncionarios y periodistas. Desde el golpe se aplican políticas neoliberales y el país quedó sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria. Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los derechos y las garantías constitucionales.
El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Arturo Murillo, ministro de Gobierno del régimen de facto, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcelamientos de hasta 10 años a quienes “desinformen”. Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe la responsabilidad de todo lo negativo que acontece a Evo Morales, mediante el discurso de la “herencia recibida”
El golpe dejó un saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Prosigue aún hoy una cacería de dirigentes, exfuncionarios y periodistas. Desde el golpe se aplican políticas neoliberales y el país quedó sumergido en una crisis política, social, económica y alimentaria. Para imponer el terror y desarticular la organización social se desató una cacería y una judicialización a dirigentes, ex funcionarios y a periodistas con la supresión de los derechos y las garantías constitucionales.
El terrorismo de estado se radicalizó con la pandemia, la cual es utilizada como estrategia para amordazar la libertad de expresión y encarcelar opositores. Arturo Murillo, ministro de Gobierno del régimen de facto, se jacta de realizar ciberpatrullajes y amenaza con encarcelamientos de hasta 10 años a quienes “desinformen”. Los medios de comunicación blindan mediáticamente al gobierno, demonizan a los movimientos sociales y se le adscribe la responsabilidad de todo lo negativo que acontece a Evo Morales, mediante el discurso de la “herencia recibida”
