#Argentina
La Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI) presentó el informe anual de la situación represiva en el país. El informe incorpora 496 nuevos casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, hasta mediados de noviembre de 2020, de los cuales 411 ocurrieron bajo la gestión de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y 348 durante la cuarentena decretada desde marzo.
El informe detalla que se "produjeron tres desapariciones forzadas de personas, luego encontradas muertas, con responsabilidad policial, durante la cuarentena. Paralelamente, otra de las consecuencias más gravosas de la pandemia en relación a la cuestión represiva fue el incremento notable de muertes en lugares de detención. Más de la mitad de las personas asesinadas este año por el aparato represivo estatal, estaban presas en cárceles, comisarías u otros lugares de encierro".
En los últimos 10 meses, se registraron "34 muertes en comisarías y dos en lugares de alojamiento de niños y niñas (Pablo Nogués y Almafuerte). Algunos casos, como el de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, cobraron alguna visibilidad, pero la regla es el silencio".
"La primera y muy evidente conclusión, explica CORREPI en el documento presentado, es que durante 2020 –muy especialmente durante la pandemia- hubo un crecimiento exponencial de muertes bajo custodia, especialmente en cárceles provinciales y federales. De hecho, es la primera vez en décadas que debemos contabilizar cuatro muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego de integrantes del servicio contra personas presas desarmadas. Federico Rey en Florencio Varela, José Candia en Corrientes, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy fueron fusilados en la represión a los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la crítica situación en las cárceles".
Respecto de las muertes en comisarías, el informe remarca que "la mayoría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales para justificar los “suicidios”, pues son personas que en horas recuperarían la libertad.
En relación a desapariciones forzadas, se produjeron cuatro casos en los que las personas "fueron vistas por última vez en una comisaría, o cuando eran detenidas". se trata de los casos de Carlos “Bocacha” Orellano el 23 de febrero en Rosario, Facundo Astudillo Castro, cerca de Bahía Blanca, el 30 de abril, y Francisco Javier Cruz en Florencio Varela, y Luis Armando Espinoza en Tucumán, desaparecidos el 15 de marzo y el 15 de mayo respectivamente). En los cuatro casos, sus cuerpos fueron encontrados semanas o meses después, en circunstancias que confirman la intervención policial en la desaparición y asesinato.
Se puede leer el informe completo en INFORME CORREPI 2020
