La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó este viernes (17/12) su Informe anual de la situación represiva y actualización del Archivo 2021, sobre la situación de violencia institucional a nivel nacional.
En un acto que se realizó en Plaza de Mayo lxs referentes de Correpi señalaron que que en 2021, a pesar del paulatino cambio del ASPO al DISPO, se incorporaron 585 casos al Archivo, totalizando 8.172 hasta mediados de noviembre de 2021. Según detallaron se registraron «981 muertes» a manos de integrantes de la fuerzas de (in)seguridad «en los últimos dos años».
En el inorme se afirma que de los 417 casos registrado por Correpi en 2021, el 65,5% (273) son muertes en cárceles y comisarías; y que las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social son las muertes de personas detenidas (51%) que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), y los fusilamientos de gatillo fácil (35,21%).
En relación al rango etario de las victimas, se detalla que "el 60% del total de personas presas son jóvenxs de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia. Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones".
"Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho más lejos aún, la policía federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas. Los rangos de edad, sobre el total de casos registrados, muestran la preeminencia de las víctimas jóvenes y son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 38% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 años se llega al 63%.En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 17%.
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 54,88% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico.
Registramos, además, 51 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 54,88% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico.
Registramos, además, 51 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.
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"Desde el inicio de la pandemia se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas con la excusa de “hacer cumplir las medidas sanitarias”, en lugar de garantizarlo con suficientes medidas sociales y asistenciales universales. Se avanzó en la creación de Comandos Unificados, se ampliaron los recursos económicos a las distintas fuerzas (incluso aumentos, como a la policía bonaerense, a partir de levantamientos que sembraron un clima espeso en plena pandemia), y se saturaron los barrios con efectivos. Se abandonó aquel rumbo inicial marcado por la derogación de los protocolos Bullrich, y el resultado de esa decisión política fue un exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención, y el sostenimiento de las cifras de fusilamientos por gatillo fácil."
"En la actualidad, el Ministerio de Seguridad cuenta, según el presupuesto 2021, con fondos superiores al Ministerio de Transporte, al de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ambiente y Desarrollo Sostenible (aún a pesar de los incendios que azotaron a varias provincias), o Mujeres, Género y Diversidad. A la vez, cuenta con una ejecución presupuestaria actual del 10%, superior al del Ministerio de Salud, aún en pandemia", asegura el informe.
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Podés leer el informe completo acá: INFORME CORREPI 2021
