#Nacionales
Amnistía Internacional presentó su informe anual a través del cual recorre las vulneraciones de derechos humanos en Argentina
que afectan directamente a mujeres y diversidades, víctimas de
violencia institucional, pueblos indígenas, personas refugiadas y
poblaciones afectadas por la crisis climática, entre otros. El capítulo local acompaña el lanzamiento del reporte global, que profundiza en las falsas promesas de los dirigentes del mundo que no pudieron enfrentar las devastadoras consecuencias de la pandemia, más aún en las Américas, región que ya tenía las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo antes de la pandemia.
Derechos sexuales y reproductivos: a un año de
la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, no se logró su
efectiva implementación. Entre varias dificultades, se registra la
escasez de información, la falta de acceso a medicación, el desarrollo
de políticas públicas y la insuficiente capacitación. Además, se observa
la injusta criminalización de una profesional.
Violencia contra las mujeres: en 2021 se
registró un femicidio cada 30 horas. La violencia de género en la
Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha
podido resolver.
Paridad: Se perpetúa la histórica exclusión de
las mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado.
El 15 de diciembre de 2021 venció el plazo para el envío del pliego al
Senado para ocupar el cargo vacante tras la renuncia de Elena Highton de
Nolasco en el máximo tribunal de Justicia de la Nación. La perpetuación
de la vacancia actual supone una situación de absoluta gravedad
institucional, porque hoy está compuesta íntegramente por varones.
Educación sexual integral (ESI): a 16 años de la
sanción de la Ley de Educación Sexual Integral persiste una brecha
significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el
4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la
totalidad de los contenidos básicos. Por su parte, siete de cada diez
docentes sostienen que necesitan más capacitación.
Violencia Institucional: al finalizar el año
quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados el
proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por
parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y
Penitenciarios.
En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos
en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo
de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas
por parte de las fuerzas de seguridad.
Pueblos indígenas: Según el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas hay en el país 1.760 comunidades identificadas por
el Programa de Relevamiento Territorial. Pese a la obligación que surge
de la Ley de Emergencia Territorial de relevar a todas a 16 años de su
sanción solo el 43% concluyeron el proceso.
Crisis climática: Las intensas olas de calor,
sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país
volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento,
con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales.
Podés leer el informe completo acá: INFORME 2021/22 - AMNISTÍA INTERNACIONAL - LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO
